El abogado le pide una suma que “depende de la cara del cliente” ronda por los $ 2000.- y acompañado hasta el Juzgado por su representado; hace que este lo espere en el pasillo mientras el se entrevista con el Magistrado (supuestamente corrupto) “a fin de arreglar el asunto”.
El abogado pide hablar con el Juez, y una vez dentro del despacho charla con el Magistrado de cualquier cosa durante unos pocos minutos para salir del despacho con sus nuevos $ 2000.
Demás está decir que el Juez de Instrucción ni imagina ni puede suponer la existencia de esta maniobra delictiva del letrado patrocinante y de la que ciertamente es también el una de las víctimas.Este conocido “cuento del tío” que ha llegado al foro local encuentra su sustento no solo en el desconocimiento del cliente de los tiempos y trámites normales del proceso sino a demás en el gran desprestigio que pesa sobre nuestras instituciones.
Lo cierto es que continuando con el ejemplo, el abogado presenta luego un escrito solicitando que una vez realizadas las medidas de prueba pertinentes (generalmente periciales), se restituya el vehículo en cuestión a su titular como depositario judicial en atención, por ejemplo, a que se trata de una herramienta indispensable para el trabajo de su representado.
Esta presentación generalmente es acogida favorablemente por el Juez, como corresponde, y el automóvil es restituido en ese carácter en un plazo que usualmente no excede las 48 hs.; pero no por la supuesta coima, de la que repetimos, el Juez de Instrucción nada sabe, sino porque ese es el trámite normal y habitual en este tipo de trámites procesales.
La Justicia Federal a cortado por lo sano con este tipo de maniobras con una acertada acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en fecha 24/02/04 ha dispuesto que “cuando los litigantes y profesionales soliciten audiencia con alguno de los Jueces del Tribunal, ello tendrá lugar siempre que dichas personas obtengan la presencia de la contraparte o de su letrado en la causa contenciosa de que se trate”. De esta manera en la Justicia Federal, y como bien lo señala el considerando de la propia resolución analizada, ha logrado “un medio idóneo para aventar cualquier suspicacia”.
“La gravedad de esta maniobra delictiva trasciende de la mera comisión del delito para minar las bases mismas de nuestro Estado de Derecho ya que impone una gravísima, falaz e injusta mancha de corrupción sobre los Magistrados que procuran dar la celeridad debida a los trámites propios del proceso”.
“Es por ello que el Superior Tribunal de Justicia debe tomar cartas en el asunto y hacerse eco del acertado ejemplo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación adoptando ese criterio en el foro local”, finaliza la denuncia.
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