Según el criterio de los letrados, las alteraciones aducidas en la relación Estadotrabajador fueron provocadas “por un grupo de personas que responden a un sector claramente identificado con la actual gestión”, lo que explicaría la actitud que adoptaron durante el gobierno de Sergio Montiel.
“Es muy importante tener esto en cuenta, ya que los bienes afectados, como las oficinas públicas, son de todos los entrerrianos, no de los funcionarios de la anterior o actual gestión”, indicaron en su informe.
Por otra parte, el Foro señaló que los salarios de los estatales y de los privados están congelados desde 1990 por la administración Jorge Busti, lo que “generó que muchos trabajadores estén hoy por debajo de la línea de pobreza”. Por esa razón, expresaron que, si bien pudieron existir causas que dieran lugar a los reclamos, “los mismos debieron tener un marco de proporcionalidad y razonabilidad, respetando las instituciones y bienes públicos”.
Además, criticaron al gobierno por sus contradicciones, pues entienden que aunque el decreto pretende reivindicar a los agentes trasladados y a los que se les designó arbitrariamente otras funciones, actualmente “se han producido numerosos traslados y medidas persecutorias de tenor político”, decisiones que se suman los despidos el Decreto Nº 218/03.
“Es lamentable y repugna, que las dolorosas muertes de tres personas ocurridas el 20 de diciembre de 2001 sean utilizadas para sustentar la oscura finalidad del decreto, ya que no existe vinculación entre los mencionados sucesos y las medidas disciplinarias aplicadas a estatales; por lo que tener en cuenta estos desgraciados hechos para reivindicar a un “grupo”, de personas es burlarse y tomarle el pelo a las familias involucradas”.
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