Al parecer, la idea es conformar una comisión evaluadora, integrada por los jefes de cada área, quienes deberán estudiar los decretos de la administración anterior y determinar la legalidad o no de esos ascensos o pases a planta permanente. “Hubo situaciones de ascensos que dispusieron los funcionarios montielistas, que violaron absurda y groseramente las normas establecidas. Entonces no se puede comparar la Ley 9.235 con el Decreto 218”, indicó a El Diario, el secretario de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, José Halle.
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